El domingo 4 de febrero se celebran elecciones parlamentarias y presidenciales en El Salvador. El actual presidente, Nayib Bukele, se presenta de nuevo gracias a una modificaciòn constitucional del parlamento en el que cuenta con mayoría absoluta, en clara violación de la Constitución vigente que prohíbe la reelección inmediata en un segundo mandato. Esto también fue posible gracias a la complicidad de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que avalaron su candidatura.
Bukele es un empresario con un pasado cercano al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) gracias al cual llegó a ser alcalde en dos ocasiones, la segunda de la capital San Salvador.
Como se recordará, luego rompió con el FMLN y en 2019 llegó al gobierno como independiente y creó su propio partido, ‘Nuevas Ideas’, con una narrativa de seguridad con la que recompuso las fuerzas de la derecha.
Buen comunicador y usuario sin escrúpulos de las “redes sociales”, Bukele aumentó su consenso gracias a poderosos padrinos entre empresarios y criminales, con los que impuso un giro derechista y autoritario en el país.
Con la mayoría absoluta, Bukele también ha elegido a sus hombres en la judicatura y en puestos clave de las instituciones. La concentración de los tres órganos (ejecutivo, legislativo y judicial) en manos de Bukele y sus aliados ha permitido aprobar leyes que impiden y criminalizan cualquier crítica a la corrupción y otros actos ilegales, además de fomentar la represión y otras acciones antidemocráticas.
En los últimos años se ha producido una sistemática persecución política y judicial contra líderes sociales y políticos identificados con la oposición, principalmente vinculados al FMLN, deteniendo a varios de sus dirigentes bajo acusaciones engañosas.
La política de seguridad también se desarrolla a través del “estado de excepción”, en vigor desde el 27 de marzo de 2022, que se utiliza para violar los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, especialmente bajo la acusación de pertenencia a bandas criminales. Una política basada en la combinación de una fuerte represión de la pequeña delincuencia y de acuerdos con poderosas bandas criminales (“las maras”). Acuerdos por los que muchos de sus líderes han abandonado el país con cuantiosas indemnizaciones y otros controlan importantes sectores del Estado y la economía. Las bandas criminales ya no están en las calles, sino en elegantes despachos, salones, el Parlamento y el Estado.
Mientras tanto, la población sufre un continuo empeoramiento de sus condiciones de vida y se ve obligada a emigrar cada vez más. Junto a ello, se han producido grandes restricciones a las protestas y a la participaciòn democrática debido al “estado de excepción” con el que Bukele ha tratado el “peligro de la delincuencia”. Según esta concepción instrumental, la “guerra contra la delincuencia” no puede ser “distraída” por una protesta o manifestación popular, no es momento de preocuparse por los salarios o las condiciones de trabajo y de vida.
En 2023, con propuesta presidencial, se redujo el número de diputados de 84 a 60, y el de municipios de 262 a 44.
Gracias a la mayoría “búlgara” en el parlamento, el gobierno cambió la ley electoral y también su reglamento, y excluyó a la oposición de los órganos de control del voto y del escrutinio, especialmente en el extranjero, donde votan miles de emigrantes. Las embajadas y los consulados hicieron campaña descaradamente a favor de la reelección de Bukele y eliminaron al FMLN del control de los colegios electorales en el extranjero, donde se vota sin un “censo electoral” de las personas con derecho a voto.
En estas difíciles condiciones, el Partido de la Refundación Comunista – Izquierda Europea (Unión Popular) hace un llamado de apoyo a los candidatos del FMLN al parlamento y a Manuel ‘El Chino’ Flores como candidato a Presidente de la República y a Werner Marroquín como Vicepresidente.
Partido de la Refundación Comunista – Izquierda Europea
Roma 2-2-2024
