Ayer, la Fiscalía Departamental de La Paz hizo aprehender a Luis Fernando Camacho, gobernador del departamento de Santa Cruz, quien ya estaba al frente del Golpe de Estado 2019.
La decisión de la Fiscalía no responde a ninguna persecución política, ya que Camacho fue detenido en cumplimiento de una orden de detención dictada en octubre de 2022, en base a una investigación abierta en noviembre de 2020.
Desde esa fecha, Camacho es investigado en el caso ‘Golpe de Estado I’, por los delitos de terrorismo y conspiración en el contexto del golpe de Estado de 2019, en el que Jeanine Áñez había asumido ilegal e ilegítimamente la presidencia, desencadenando una violenta represión. Como se recordará, la represión golpista había provocado al menos 37 asesinatos, sobre todo en las localidades de Senkata y Sacaba. Un golpe en el que Camacho participó abiertamente.
Camacho, por tanto, era plenamente consciente de la posibilidad de ser detenido, ha retado reiteradamente al Gobierno a “ir a detenerle”, siempre se ha negado a comparecer y ha eludido la acción de la Justicia, que le ha citado en repetidas ocasiones para tomarle declaración. Según la legislación boliviana, el gobernador de Santa Cruz se encuentra actualmente detenido a la espera de una audiencia previa al juicio para determinar si podrá defenderse en libertad o en prisión de los cargos que se le imputan por la violencia de 2019.
Estas medidas, previstas en el artículo 1970 del Código de Procedimiento Penal, se adoptaron respetando plenamente los derechos y garantías constitucionales del detenido.
Al ocultar y manipular esta información pública, los golpistas, los matones supremacistas, la oposición conservadora y los medios de comunicación complacientes hablan de “detención ilegal” y “secuestro”. Pero, las mentiras tienen patas cortas.
La participación de Camacho en los acontecimientos que condujeron al golpe es innegable y tuvo lugar ante los ojos del pueblo boliviano y del mundo. Con un discurso racista y sedicioso, pidió que no se reconocieran ni los resultados de las elecciones de 2019, ni el entonces gobierno constitucional del presidente Evo Morales. Fue el organizador de manifestaciones violentas, cortes de carreteras e intimidaciones a ciudadanos, autoridades y militantes del Movimiento al Socialismo (MAS), y el autor fáctico e intelectual de la sedición de algunos mandos policiales y militares.
Inmediatamente después de la detención de ayer, se desató la violencia golpista: la Unión Juvenil Cruceñista apeló a desconocer las leyes de Bolivia, amenazó abiertamente a los miembros del MAS, a sus familias y a los simpatizantes del gobierno del presidente Luis Arce, y les intimó abandonar Santa Cruz. Miembros del “Comité Cívico”, que ya habían actuado durante el reciente cierre contra el gobierno, irrumpieron violentamente en los aeropuertos locales e incendiaron cinco edificios públicos (entre ellos la Fiscalía y la “Dirección de Apoyo a la Prevención del Consumo de Drogas, Control del Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas y Excedentes de Coca”). También fueron atacados la vivienda del ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño (ya atacada en el golpe de 2019), y otros edificios públicos de Cochabamba.
El Partido de la Refundación Comunista – Izquierda Europea (PRC-IE) condena enérgicamente la violencia squadrista, recuerda que nadie está por encima de la ley en un Estado democrático y que la independencia del poder judicial debe prevalecer en la investigación de actividades criminales contra el Estado de derecho.
El PRC-IE pide justicia para las víctimas del golpe de Estado de 2019 y expresa su apoyo a las medidas adoptadas por las autoridades judiciales y policiales contra Luis Fernando Camacho, uno de los principales protagonistas del golpe contra el expresidente Evo Morales, al igual que ocurrió en su momento con la golpista Jeanine Añez.
Partido de la Refundación Comunista – Izquierda Europea
